Fueron más de ocho horas las que el juez González Palafox abandonó sus funciones en el Juzgado para irse a sentar en una banca de la posesión en cuestión, vigilando que se llevara a cabo el desalojo de la señora Génesis Gastélum Acosta, de 45 años de edad, quien tuvo que pagar un delito no cometido.

Sin importar que no era la persona imputada, el juez ordenó arbitrariamente el desalojo, violentando las garantías de la ciudadana, pasando por alto el artículo 14 de la Constitución Mexicana, que a la letra dice “nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”.

La víctima no pudo frenar tal arbitrariedad, puesto que el juez se hizo acompañar de la fuerza pública, un cerrajero, más de seis personas para la mudanza, así como de un secretario de Acuerdos, una actuaria, un secretario de apoyo y un ministerio público interino, quienes violentaron la cerradura de la puerta principal para introducirse en el predio a intimidarla y no darle margen de defenderse de una orden de desalojo emitida en perjuicio del señor Elías Rangel, anterior morador del inmueble.

El desalojo se realizó a pesar de que el presidente del  Comisariado Ejidal, Gildardo Nájera, se apersonó en el lugar y explicó al juez que ese predio se le asignó a la hoy desalojada, pero este continuó con el proceso,  como si no le  dijeran nada.

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