HERMOSILLO, Son.- El Gobierno del Estado no puede pagar los 300 millones de pesos que piden los 355 ex concesionarios de transporte de Hermosillo como liquidación, reiteró el gobernador Alfonso Durazo Montaño; en tanto, el martes se abrió una ventanilla para el pago de 500 mil pesos a los que acepten esta liquidación.
Es muy difícil aceptar que el Gobierno entregue una concesión y no se cumpla con los términos, lo que es muy visible porque el transporte en Hermosillo no era lo adecuado, anotó el Mandatario Estatal.
Los ex concesionarios recibían una rentabilidad, en algunos casos era de 10 mil pesos mensuales por concesión, que al mes representaba más de seis millones de pesos que si su multiplica por doce son 72 millones de pesos por concesiones que ya no operaban, resaltó.
En este sentido, coincidió Álvaro Bracamonte Sierra, secretario de Gobierno, al precisar que en octubre de 2018 por decreto el Ejecutivo Estatal se hace cargo del servicio de transporte público de Hermosillo, se extinguen 453 concesionarios y durante los años 2019 y 2020 se liquidaron 98 títulos.
Actualmente, existen 355 concesiones requisadas correspondientes a 230 ex concesionarios, con ellos se han instalado mesas de diálogo con representantes para explorar alternativas de solución, la propuesta actual es indemnizar con 500 mil pesos y por ello se instaló la ventanilla para quienes la acepten.
La prioridad es apoyar a los concesionarios que vivieron de esa concesión, argumentó Bracamonte Sierra.
En estos momentos 159 personas tienen una concesión; 43 personas tienen dos, lo que representa 86 concesiones; 27 personas tienen tres que son 81 concesiones y una sola persona que es una empresa tiene 29 títulos.

DESAPARECE CONSEJO CONSULTIVO DE TRANSPORTE
En el paquete de reformas que presentó en el Congreso del Estado hay cambios de fondo en materia de transporte, había una Dirección de Transporte y el Fondo Estatal para la Modernización del Transporte (Femot) y ahora se integra en una sola instancia para que exista un responsable en el diseño y operación de las políticas de transporte, argumentó el Mandatario Estatal.
También, desaparece el Consejo Ciudadano de Transporte, el cual tenía la responsabilidad de valorar la necesidad de modificar las tarifas del servicio.
“Cuando había cambio en las tarifas se pretendía que el gobierno no asumiera la responsabilidad en la decisión, pero no es así, si se incrementa una tarifa hay una responsabilidad del gobierno y hay que asumirla”, resaltó.
El consejo ciudadano costaba doce millones de pesos al año y se desconoce que realizaba durante ese tiempo, puntualizó.