El plazo para dar cumplimiento a la presentación de la declaración patrimonial fue ayer 31 de mayo, y afortunadamente, la mayoría de los servidores públicos han cumplido al momento.
El licenciado Leobardo Olmos de la Cruz, titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, explicó que, de acuerdo a la Secretaría de la Función Pública, basada en el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tienen la obligación de presentarla todos los servidores públicos que desempeñen un cargo dentro del gobierno, incluyendo ahora los empleados administrativos.
Expuso que, por nueva disposición, la declaración patrimonial se sube a una plataforma digital nacional, que en este caso se lleva a cabo, a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, y precisó que hay tres modalidades de declaración patrimonial: de inicio, modificación y por conclusión.
Olmos de la Cruz hizo énfasis que en caso que un servidor no la presente en cualquiera de las tres modalidades, se iniciará investigación por presunta responsabilidad por omisión, cuyas sanciones van desde la suspensión temporal, hasta definitiva del cargo que desempeñe, e incluso inhabilitación para ocupar algún cargo público, administrativo o de elección popular.