En Guaymas y sus valles circulan alrededor de doce mil unidades de procedencia extranjera, por lo que con un ínfimo arancel de dos mil 500 mínimo, más de 50 millones de pesos quedarían aquí, para ser operados en rubros como alumbrado público, vialidades y otro tipo de infraestructura.
Aún no han advertido la mecánica a seguir en este tercer proceso de regularización de unidades que fueron internadas en forma ilegal en nuestro país y toda consideración será a partir de la publicación del Decreto en el Diario Oficial de la Federación.
Con ello, el Gobierno Federal pretende inhibir los elevados actos delictivos cometidos a bordo de este tipo de vehículos que no están sujetos a ningún tipo de control, además de dar certeza jurídica a un patrimonio familiar a millones de mexicanos.
El arancel mínimo será fijado en dos mil 500 pesos, pero podría llegar hasta diez mil, dependiendo del modelo y tipo, quedando al margen aquellos de lujo, deportivos y europeos.
Por otra parte, ante esta situación, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles (AMDA), demandó el sellado de las fronteras para evitar la internación de más vehículos de los Estados Unidos a nuestro país por parte de vivales en contubernio con autoridades migratorias en las fronteras y que todo se sujete a una normatividad, basados en un censo.
De acuerdo a la composición en los esquemas que permitirán la legalización vehicular, se espera que en los municipios sonorenses no fronterizos, la regularización se lleve a cabo para el mes de marzo del año próximo.