Su compromiso es mejorar el servicio, propósito difícil si se considera las deficiencias en la infraestructura hidrosanitaria en las dos localidades donde se derrama el drenaje de manera habitual sin capacidad de respuesta rápido por falta de recursos para el gasto corriente debido a la cartera vencida en la que está el cincuenta por ciento de los usuarios con adeudos considerables.

La falta de pago está asociada al circulo vicioso arraigo por años en los que la CEA argumentaba que no podía mejorar trabajo porque la gente no cumplía y la ciudadanía decía que no cubriría la mensualidad porque no había agua y ese conflicto ha seguido hasta hoy cuando la problemática es mayor con dos sindicatos cuyos contratos colectivos absorben parte de los ingresos propios y del mismo subsidio del gobierno estatal que sostuvo a la CEA hasta que ya se volvió una carga imposible de sobrellevar luego de la construcción de la desalinizadora.

Esa planta costó mil millones de pesos sin que su operación signifique más volumen del vital elemento para los municipios que tienen problemas de bajas presiones y desabasto en casi todos los sectores donde reclaman la falta de atención de directivos estatales. Todo eso será responsabilidad de los gobiernos de Guaymas y Empalme a partir de febrero según lo han establecido las mismas autoridades que tienen algunas opciones válidas ante la inminente descentralización y una es involucrar a particulares de manera directa.

Aunque la privatización no es muy popular en la ciudadanía en este caso es una alternativa razonable si se piensa que la desalinizadora está operada por una empresa que tiene una inversión importante en esta región y ya está inmersa en la administración y operación del recurso llamado agua.

Claro, las autoridades tendrían que tomar medidas antes de concesionar para evitar aumentos a la tarifa, verificar que los trabajadores no sean afectados y procurar que el cambio redunde en mejor servicio no solo en un negocio de empresarios. La otra opción es la creación de una paramunicipal con facultades para captar recursos privados que permitan salir adelante de los compromisos económicos desde la nómina hasta la deuda sin que se altere el presupuesto de los Ayuntamientos.

Los proyectos están sobre la mesa de gobernantes, tanto la de Guaymas como el de Empalme deben decidir y escoger el mejor camino para volver eficiente al organismo operador y responder a la demanda de miles de usuarios que claman por agua.