Se sabe de la intención de municipalización porque así lo anunció la alcaldesa Karla Córdova el año pasado lo que pudiera traer como consecuencia la creación de una paramunicipal o la intervención directa de la iniciativa privada con lo que se tendría que resolver antes la situación legal de cientos de trabajadores con un contrato vigente lleno de prestaciones y conquistas sindicales.

En todos los supuestos lo más relevante es la figura que estará al frente del organismo para dirigir las adecuaciones en la nueva etapa con una obligación implícita de mejorar el servicio bajo las circunstancias de deficiencias en infraestructura de todos conocida.

Y aunque pareciera que no hay quien se atreva a aceptar tal encomienda resulta que hay varios aspirantes dentro de palacio municipal, uno de ellos el actual director de servicios públicos, Gustavo Reyes, quien desde finales de 22 empezó a formar equipo con el que pretende administrar la CEA cuando se transfiera a la Comuna, hasta ha dicho que tiene un proyecto y que es quien ha estado a cargo del proceso de cambio.

El optimismo del funcionario municipal contagia y ojalá fuera tan sencillo, pero no lo es porque en las condiciones actuales no es posible garantizar eficiencia simplemente porque no hay dinero para reparar todas las líneas de agua potable y alcantarillado en tan solo unos meses.

Por la falta de recursos, se advierte necesaria la participación de capital privado siempre y cuando existan bases sólidas en las que el gobierno no pierda poder ni ceda todos los derechos a particulares para proteger a los usuarios de costos y beneficios.

Y que en ese proyecto se note la inversión de mil millones de pesos que costó una desalinizadora que a la fecha no ha generado mejora alguna en el servicio y que tendría que producir agua suficiente para abastecer a Guaymas y Empalme.