Conviene recordar que fue desde la misma Contraloría donde se generó la expectativa de rendición de cuentas en torno a ex alcalde Francisco Genesta y colaboradores por las irregularidades detectadas que sumarían cien millones de pesos con evidencias suficientes como para actuar legalmente en aras de reparar el quebranto patrimonial al pueblo de Empalme.

Como toda la gente, la regidora Rossy González no podía quedarse ajena a un tema sensible para la comunidad que ha pagado caro el costo de la corrupción por el rezago en obras y la deficiencia en servicios.

El último día del mes pasado la edil presentó un documento donde solicita información sobre los avances en las investigaciones a la administración 2018 2021, a partir de ese documento se hará una solicitud más para que el tema sea abordado en sesión de Cabildo con la presencia del contralor Leobardo Olmos de la Cruz, con el propósito de dejar asentado el trabajo de la dependencia contra los ex funcionarios deshonestos.

La iniciativa de Rossy González debe tener una respuesta a más tardar el martes próximo si se atiende el derecho constitucional de petición al que no se le puede sacar la vuelta por lo que por obligación tendrá que haber detalles de los casos que siguen sin resolverse.

Así deberían de actuar regidores y regidoras de Guaymas cuya agenda se ha descompuesto al grado de involucrarse en áreas que no son de su competencia directa dejando de lado su compromiso de velar por los guaymenses.

Cabe recordar que como en Empalme, en Guaymas fue el mismo gobierno quien reveló las inconsistencias en proyectos como la playa pública del que no se ha resuelto gran cosa.

A menos que los regidores estén coludidos con los que se fueron, su silencio es más por negligencia y pereza, porque no le dan valor a su investidura como representantes populares, si así fuera elevarían la voz e intervendrían para que la corrupción descubierta en el gobierno de Sara Valle no fuera una justicia más de corrupción y las acciones se deshonestidad tuvieran consecuencias.