Por años, el transporte ha sido sector de desorden en virtud de los acuerdos irregulares y la imposición de intereses empresariales por encima de la Ley. Uno de los rubros que ameritan revisión urgente de autoridades es el de movilidad de personal a diferentes empresas, tanto en zona urbana como en área rural, donde son pocos los que cumplen con las disposiciones vigentes. En San Carlos y Miramar, además de los campos agrícolas es donde más se aprecia el desorden, en el valle por conflictos entre permisionarios y en la ciudad por la falta de conciencia de patrones que promueven el transporte de sus empleados en camionetas inseguras, de modelo atrasado, con sobre cupo y sin los permisos debidos para representar un riesgo latente de personas que deben aguantar las injusticias por necesidad. Es la autoridad estatal la reguladora de esta actividad que requiere de una concesión para poder realizarse con reglas claras y estrictas en el tema de seguridad. La dependencia estatal pareciera que no entiende su función o la inexperiencia del delegado motiva omisiones graves, heredadas todas, pero que con tantos meses después de la transición ya debieran haberse resuelto. Tampoco es tan difícil, se trata de aplicar normas para ordenar el transporte de personal y sacar de circulación camionetas irregulares promoviendo un servicio digno en el que los trabajadores estén protegidos y no exista peligro de que ocurra una tragedia. Y eso se señala antes para que sean las autoridades las que midan el peligro, emprendan acciones preventivas y no terminen culpando a civiles de sus fallas cuando pasan desgracias como la del 5 de junio porque si bien cada persona sabe que tiene que cumplir la Ley, para aplicarla está la delegación del Transporte y su intervención será clave para dar seguridad a cientos de empleados que están en riesgo latente.