Por ello en cada expediente lo menos que se espera es castigo ejemplar cuando llega a haber detenciones y juicios como los dos asesinatos que sacudieron al país, uno de los cuales ocurrió en Guaymas.

En 2020, Ingrid Escamilla, de 25 años, fue encontrada muerta el 9 de febrero de 2020 en la alcaldía Gustavo A. Madero, en el norte de la capital mexicana.

Días después, se anunció una detención en torno a su muerte e inició un proceso legal largo porque el acusado se defendió en un caso que indignó al paso por la brutalidad del feminicidio y las imágenes que se compartieron de la víctima.

De ahí que el nombre de Ingrid fue la base para iniciativas y reformas a la Ley que buscaron dar protección y mantener en reserva fotos e información sobre las víctimas de delitos violentos.

Además el caso se convirtió en bandera de activistas que elevaron la voz durante meses en exigencia de justicia hasta que hace algunas semanas la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó es que obtuvo una condena de 70 años de prisión contra Erick Francisco “N”, tras ser hallado culpable del feminicidio.

La sentencia es la más dura por ese delito en la historia de la capital del país y es lo que se espera en Guaymas con el crimen que le cegó la vida a Andrea Carolina, otra víctima cuya desaparición y muerte alcanzó notoriedad nacional por las protestas previas a la detención del imputado.

Ha pasado año y medio del día en que la trabajadora de la educación fue encontrada sin vida y sigue sin haber juicio, pero hoy hay una nueva esperanza para la familia de la mujer guaymense por la celebración de una nueva audiencia oral, con otro juez y otras evidencias de la fiscalía.

En medio de eventos violentos y tras una lucha triste de los seres queridos de Andrea, el poder Ejecutivo y Judicial tienen una asignatura pendiente con la comunidad, tienen que concluir caso con resultados que reafirmen el sentido de justicia para confianza y seguridad de las mujeres víctimas de violencia.