El vehículo registró impactos de bala, lo que ameritaba la inmediata intervención de las autoridades competentes, pero no fue así, sino tres horas después que el gobierno tuvo conocimiento oficial y en un lugar distinto.

Fue en una plaza comercial donde la Guardia Nacional ubicó el carro en estado de abandono para canalizar caso a la Fiscalía sonorense que tal vez no conocía el incidente real antes del hallazgo.

La verdad es que una diputada de Guaymas es familiar directo de los jóvenes afectados y ella intervino para generar más confusión y cambiar datos importantes en la investigación cuando la principal interesada en que se resuelva caso debiera ser ella.

Sus razones tendrá y en estos momentos cabe la solidaridad hacia la legisladora y las personas que sufrieron el ataque que pudo pasarle a cualquier familia, como también cabe cuestionar la forma en la que reaccionó ante el evento lamentable.

La diputada no debió intervenir ante la autoridad federal para modificar nada, al contrario, como representante de la Ley tuvo que ser respetuosa de las instituciones y dejarlas trabajar en base a los hechos reales porque primero está la investigación que cuidar una imagen.

Ahora les corresponde a las autoridades dar seguimiento a ese caso para dar seguridad a los afectados y sancionar a los responsables sin influencia de la legisladora, sino para hacer justicia como lo marca la Ley.