El video del hecho generó una investigación de autoridades penales y la indignación de la ciudadanía ante el hecho criminal de extrema crueldad hacia un can.

La otra víctima es un niño de once años mordido por un pitbull en el sector Rastro, donde intervinieron agentes policiales que si bien elaboraron informe policial homologado no cumplieron con el protocolo de Ley en estos casos.

Al infante lo llevaron a un hospital y a la dueña del perro no la requirieron ni pusieron en resguardo al animal, tampoco dieron aviso al Centro Municipal de Atención Canina que se ha mantenido al margen de este y otros casos similares en los que prevalece el respeto a la vida animal, pero se olvida el riesgo en humanos.

La Ley es muy clara, corresponde a los Ayuntamientos a través de los centros caninos responder ante situaciones de peligro por agresión animal ante la solicitud de la ciudadanía y además está facultado para aplicar sanciones, pero por desgracia el gobierno se ha visto impedido para poner orden en este tema por el activismo que se confunde a la hora de proteger a niñas, jóvenes, ancianos.

Los grupos de animalistas deben conocer bien el código penal porque fueron los principales promotores de esas nuevas normas para evitar el maltrato, así que saben que el término agresión animal está considerado en la Ley y existen multas para dueños irresponsables que se quedan sin castigo porque las autoridades titubean ante asociaciones que no tienen por qué entrometerse cuando se trata de dar seguridad, reparar daños y privilegiar la salud de personas.

Sin irse a extremos, sin exagerar y siempre con una mentalidad de sensibilidad, la Ley de Protección Animal entró en vigor hace años para garantizar vida digna de perros y otras especies y debe aplicarse al cien por ciento no solamente cuando hay víctimas de cuatro patas sino a favor de la niñez en riesgo por gente irresponsable que tiene mascotas y las convierte en un problema de salud pública.