La denuncia penal fue presentada por Martín Ruelas, quien fuera síndico municipal en la anterior administración, ante la sede de la Fiscalía General de la República, a partir de proceso legal promovido por el SAT.
Según el Sistema de Administración Tributaria, en la administración 2015-2018, ex servidores públicos falsificaron información a través de un despacho de particulares, para requerir devolución de impuestos.
Después de 2018, el gobierno promovió defensa de crédito fiscal por el orden de 40 millones de pesos y para 2021, el segundo proceso fue ganado por Hacienda, lo que derivó en las denuncias penales en instancia federal.
La carpeta de investigación fue abierta el 13 de septiembre en la FGR por delitos de servidores públicos, falsificación de documentos, contra quien resulte responsable.
Según el sistema de justicia, Lorenzo D.C. es inocente hasta que un juez determine lo contrario.