Casi cien irregularidades en la ejecución de la Playa Incluyente observó el ISAF en la Cuenta Pública 2021.
El documento que se comparte en el sitio oficial del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización exhibe anomalías por sobreprecio de equipo, faltantes de herramientas, trabajos inconclusos, omisiones en contrato, además de inexistencia de documentos y permisos elementales para la obra.
Las irregularidades observadas son por el orden de los 8 millones de pesos en diferentes rubros.
El documento señala una lista de compras realizadas por el Ayuntamiento encabezado por Sara Valle Dessens con costo superior al del proveedor.
Un Bob Cat de poco más de 900 mil pesos, fue facturado al gobierno municipal anterior por un millón 450 mil pesos mientras que un limpiador de arena de 486 mil pesos se compró a casi 800 mil.
El vehículo Bob Cat de 300 mil pesos facturó en más de 600 mil y un remolque de 700 mil le costó al Ayuntamiento 200 mil.
La camioneta Frontier de 600 mil pesos fue facturada en un millón 50 mil pesos.
En el mismo documento el Isaf encontró trabajos pagados y no ejecutados por casi un millón de pesos como la instalación de un biodigestor en los baños y la falta de 30 módulos en la instalación de la pasarela de madera en la playa.
La auditoría arrojó que bienes adquiridos de manera directa difieren del precio de la licitación lo que se considera irregularidad grave.
Las diferencias son de piezas de chalecos, sillas, muebles, entre otros objetos que no se localizaron al hacer una inspección técnica en el lugar de la obra.
El grueso expediente de la playa incluyente dentro de la cuenta pública incluyó la falta de documentos como permisos federales, de impacto ambiental, el incumplimiento a especificaciones de objetivos, metas, justificación, irregularidades en el contrato, falta de soporte en algunos pagos.
Todas las observaciones constan con anexo de auditoría, imágenes de la inspección y evidencia documental.
La Cuenta Pública 2021 fue calificada por el Isaf con 7.7 y está en análisis en el Congreso de Sonora.
Por las irregularidades encontradas en el proyecto de la playa incluyente se iniciaron procesos administrativos y penales contra la ex alcaldesa y unos ocho ex funcionarios.