Beatriz Elena Huerta Urquijo, auditora mayor del ISAF, confirmó ante el Congreso del Estado que la obra de la playa incluyente en San Carlos, Nuevo Guaymas, está “plagada” de irregularidades y representaría un daño patrimonial
A pesar de que hay serios señalamientos en su contra, la ex alcaldesa de Guaymas, Sara Valle Dessens, se negó a dar su opinión sobre las irregularidades encontradas en la obra de la playa incluyente construida en San Carlos, donde se invirtieron 8 millones de pesos.
El pasado sábado, la ex Alcaldesa porteña asistió a promover la Ley 3 de 3 en una jornada de asistencia social al municipio de Empalme, donde se le cuestionó sobre las inconsistencias y denuncias que ha interpuesto el Ayuntamiento de Guaymas, a través del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental en la Fiscalía Anticorrupción, proceso en su contra que sigue vigente.
"Bueno, esto es, yo nomás estoy hablando ahorita de la 3 de 3, después platicamos de otro tema, cuando gustes", dijo Valle Dessens.
Cabe destacar que el expediente de la playa incluyente, es investigado también por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF).
La semana pasada, Beatriz Elena Huerta Urquijo, auditora mayor del ISAF, confirmó ante el Congreso del Estado que la obra de la playa incluyente en San Carlos, Nuevo Guaymas, está “plagada” de irregularidades y representaría un daño patrimonial.
La auditora mayor del ISAF dijo que con la auditoría a la obra de la playa en efecto detectaron muchas irregularidades y tienen siete días para vencerles el plazo para solventarlas.
Huerta Urquijo citó “nadie (funcionarios de la pasada administración municipal) se ha acercado para aclarar absolutamente nada, no se han acercado para aclarar absolutamente nada, esto puede ser daño patrimonial”.
“Que va proceder, tenemos que esperar que se cumplan los días de la solventación, ya que el plazo de los 120 días está por terminarse, entonces los auditores y abogados, empezarán a llamar a las personas involucradas, pero suponiendo que antes de que acaben los 120 días, y que no se hubieran acercado nunca, y no hubieran hecho ninguna solventación, se declarará un grave daño patrimonial, ellos (funcionarios de la pasada administración municipal) pueden defenderse, mientras se continúa investigando”, explicó ante legisladores locales.