Tan solo en Guaymas y Empalme hay por lo menos 14 demandas federales por la persecución que llega al terrorismo contra deudores que ni siquiera pidieron financiamiento por parte de empresas fantasma que operan al margen de la Ley para acumular millones de pesos en México.

Todo empieza con una aplicación descargable en equipos móviles desde donde las personas dan acceso a delincuentes sobre todos los datos personales buscando en algunos casos solamente información para lo cual deben enviar foto de credencial de elector y de una tarjeta bancaria.

De esta manera los criminales proceden a depositar dinero y empezar un pesado sistema de cobranza directo en domicilios, por teléfono, correo y hasta en contactos.

Si las personas cubren adeudo por miedo, se repite el mecanismo con intereses más altos y más violencia en el cobro de tal suerte que la gente queda atrapada en deudas que no contrajo y sin conocimiento de que está siendo víctima de delitos federales graves cometidos originalmente desde penales en diferentes partes del país.

A causa de esa modalidad de engaño, las víctimas han perdido parte de su patrimonio o enfrentado problemas de salud, algunas debieron dejar el país por la persecución infame en su propiedad privada y, al final no hay quien los ayude.

El gobierno ha desarticulado algunas bandas de delincuentes con lo que se ha podido conocer el modus operandi, alertar a la población ofreciendo una línea de apoyo jurídico y emocional.

Es importante que la información se replique para evitar que haya más víctimas y para lograr que las autoridades erradiquen esta plaga de falsas empresas financieras que se aprovechan de la ignorancia ajena para hacer dinero.