Hasta hoy las cifras hablan de menos del 50 por ciento de automóviles regularizados, cifra estimada por los padrones de asociaciones “pafas” pero en realidad no existe un número claro de las unidades motrices chuecas que circulan en Guaymas y Empalme, pero a la vista está que son muchas y no todas son armadas en países orientales.

Es decir, con lo barato del proceso, todas las facilidades otorgadas por el gobierno y el plazo de varios meses, miles de posesionarios decidieron mantenerse en la ilegalidad y no solo eso, sino que siguen entrando carros extranjeros de todo tipo con lo que tampoco se va a resolver el problema social por la incertidumbre patrimonial.

La única ventaja del proceso es que sí hubo gente responsable que regularizó su vehículo y con ello contribuyó a tener recursos para pavimentación como los casi 15 millones de pesos que recibieron los Ayuntamientos de Guaymas y Empalme como parte de las reglas de operación del decreto promovido por el Presidente de la República.

Por lo anterior y siempre con el deseo de que estos últimos días sean muchos los carros regularizados, si cuando acabe el proceso el gobierno inicia con el decomiso de los vehículos ilegales no habrá quien se solidarice con esas personas porque hoy tienen la oportunidad de ser derechos para no estar después con lamentos por no querer pagar impuestos.