Para la Contraloría el ex servidor público incurrió en conflicto de intereses en la contratación de dos familiares dentro de la nómina municipal, una la ex directora de Desarrollo Social, Ana María Merlos, y la segunda la directora de Recursos Humanos, su esposa Zulma Merlos Coronado.

Las hermanas permanecieron en la administración municipal los tres años y son causa para que ahora Lomelí fuera sancionado con la inhabilitación en el servicio público, además del impedimento para participar en procesos de licitación, adquisiciones y arrendamientos con carácter de públicos durante el período de un año, lo que para muchos es poco tiempo considerando el desastre del gobierno anterior.

Para comenzar es una resolución justa por el tipo de falta administrativa encontrada dentro de uno de los más de 20 expedientes abiertos contra ex funcionarios incluyendo a quien fuera Presidenta Municipal, de hecho, es de los de menor impacto en la gestión que se investiga por actos indebidos de carácter penal que pudieran tener consecuencias difíciles de afrontar para los investigados.

Y así se inicia con el esperado proceso de reparación de daño para el Ayuntamiento y para Guaymas en general porque la corrupción en la pasada administración dejó un saldo de atraso, pérdidas y rezago en obras y en servicios que cualquiera que sea la sanción no será suficiente para revertir los efectos de malos gobernantes.