Ha transcurrido un año y casi siete meses desde que la administración de Karla Córdova González inició labores con la promesa de perseguir y castigar la corrupción vivida en el trienio pasado del cual ya nadie se acordaba porque se había perdido toda esperanza de acciones debido a que la contralora Gisel Robles poco a nada había dicho de los procesos administrativos contra ex servidores públicos según por respeto a los tiempos de investigación y otros pretextos que más bien sonaban a evasión o carpetazo en los expedientes donde se dice hay pruebas de corrupción más de las que se comprobaron en el trienio anterior.

Pues resultó que la titular del órgano fiscalizador sorprendió a propios y extraños con la noticia de la inhabilitación de Arturo Lomelí Cervantes, ex secretario del Ayuntamiento, señalado de nepotismo por contratar a parientes en la estructura del gobierno en el cual tuvo cargo de mando.

Ese conflicto de intereses le costó al ex funcionario no poder desempeñar ningún cargo público en un período prudente de acuerdo al acto indebido que es el primero de muchos que, dice la Contraloría, habrán de tener castigo ejemplar y ahora sí tiene el beneficio de la duda porque cumplió el compromiso de sancionar a ex servidores públicos.

Lomelí puede defenderse y seguramente lo hará, eso ya se dirimirá en tribunales, lo importante es que las acciones contra la corrupción ya empezaron con reconocimiento para la administración que sí se animó a dejar la política a un lado para castigar la mala gestión de los que se fueron sentando un precedente para los que están y para los que vendrán.