El domingo la Policía Municipal de Empalme volvió a ser tema de polémica al conocerse la fuga de un detenido en el Hospital General de Guaymas hasta donde habría sido llevado el infractor de la Ley para que recibiera atención médica y fuese certificado como requería su condición de responsable en un incidente vial, pero ni fue valorado ni se cubrió con el trámite legal porque se retiró de urgencias sin que el agente policíaco comisionado para su custodia lo pudiera evitar. El elemento de Tránsito Municipal en primera instancia reportó una privación ilegal de la libertad, para corregir minutos después aceptando la fuga del detenido con todas las consecuencias legales que implica desde su declaración ante la Fiscalía sonorense y la apertura de proceso en el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. Para el uniformado el problema no termina ahí, desde ayer el comisario de Seguridad Pública lo asignó a un área administrativa hasta concluir investigaciones y es lo menos que se puede hacer ante una omisión que puso en riesgo y alertó a instituciones en un falso llamado provocado por el mismo agente. De recibir alguna sanción, incluso mínima, el gobierno de Empalme estaría sentando un precedente de responsabilidad para que todos los servidores públicos entiendan que si quebrantan la ley, si faltan a sus obligaciones habrá consecuencias legales para terminar con una etapa oscura de impunidad.
Para combatir la corrupción se precisa un sistema implacable contra servidores públicos incumplidos de la Ley.

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