De manera global, la calificación fue de 7.7 pero en el análisis a detalle se encuentran graves omisiones en rendición de cuentas y en la auditoría legal, lo que habla de la opacidad con la que se manejó la gestión pasada en cuanto a obras y la principal es la que motivó procesos administrativos y denuncias penales.

En la Cuenta Pública 2021 se señaló faltante de equipo y sobreprecio por millones de pesos en adquisición de carros y otros bienes, también se observó anomalías y diferencias entre lo que se compró de manera directa a lo que debió licitarse.

Los auditorios no hallaron documentos esenciales para la ejecución del proyecto como los permisos federales, de impacto ambiental, ni los fundamentos de objetivos, metas, justificación y otros papeles que tuvieron que incluirse en el expediente de la obra que le costó a Guaymas ocho millones de pesos.

Es cierto que en cuestión contable y financiera, el Isaf dio buenos números de manera general a la Cuenta Pública del año pasado, pero no en rendición de cuentas, ni en desempeño ni en la auditoría legal, áreas en las que se obtiene calificación reprobatoria nomás para confirmar que el gobierno anterior fue opaco e ilegal, a pesar de que la libra con el apoyo del Isaf.

Pero el Instituto no es absoluto, falta lo que diga el Congreso y falta también el resultado de los expedientes abiertos en la contraloría porque una Cuenta Pública no determina el resultado de un gobierno, puede calificar pero nada más. Le corresponde ahora al órgano de control y evaluación gubernamental llenar con buen rumbo los procesos abiertos contra ex servidores públicos para que se castigue la corrupción por la playa incluyente y por la deshonestidad que tuvo un costo alto para Guaymas.