En términos generales después del informe de actividades tanto Karla Córdova como Luis Fuentes mantiene expectativa por los proyectos de pavimentación para el 2023, lo que se sigue esperando y de plano no llega es la aplicación de la Ley contra ex servidores públicos que tienen procesos administrativos en la Contraloría y no son requeridos ni para rendir cuentas, menos para enfrentar sanciones o multas.

En Empalme, el quebranto financiero señalado por las autoridades actuales oscila en los cien millones de pesos que generó unos 74 expedientes por diversas irregularidades que se mantienen en investigación en el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental donde no se observa avance alguno aun cuando el titular de la dependencia diga lo contrario.

De ese retraso surgen las dudas y sospechas de protección a ex alcaldes, pero la realidad es que no existe compromiso político alguno con Francisco Genesta o con Carlos Enrique Gómez Cota, lo que hay es falta de trabajo que puede ser factor para que los corruptos evadan la Ley.

En Guaymas tampoco hay sanciones para alguno de los ex servidores públicos que junto con Sara Valle están en procesos que, a decir de autoridades, van a terminar en inhabilitaciones y resoluciones contra los involucrados en escándalos como el de la playa pública.

La pregunta es ¿cuándo? Porque ha pasado un año y un mes sin tener mayores diligencias que las que se desprenden de la cuenta pública y algunas denuncias penales en la Fiscalía Anticorrupción donde ya existían carpetas desde antes de concluir las administraciones pasadas.

Y mientras no haya resultados en todos esos procesos de investigación seguirá el escepticismo porque para la comunidad hay una gran deuda que deben pagar los responsables del saqueo a las arcas municipales que todavía tiene consecuencias en retraso de obras y servicios.