Como muchas mujeres vivió en silencio violencia familiar como lo ha señalado gente cercana a ella porque en el sistema de justicia no existe antecedente documentado sobre agresión previa a su asesinato.

Tal vez, la trabajadora de la educación y alumna de la carrera de Leyes decidió guardar silencio por miedo, por desconfianza en las autoridades o porque pensó que no había riesgo mayor que el de convivir con alguien agresivo que a veces se controlaba.

Nunca se sabrá las razones por las cuales una mujer valiente no denunció porque Andrea fue asesinada de forma cobarde, con brutal ferocidad para despertar indignación y dolor no solo de sus familiares sino de la comunidad en general que se cimbró con un caso en el que hubo deficiencias en el sistema y por el que apenas se celebrará juicio hoy lunes.

Claro que se espera castigo ejemplar en caso de que se determine responsabilidad del único imputado, pero más allá de lo legal y siempre con la exigencia de que el poder judicial cumpla con su deber, lo que le ocurrió a Andrea tiene que ser recordado siempre para reflexionar en torno a la violencia contra la mujer y los mecanismos de denuncia que se fortalecieron en este sexenio de la 4T.

Ahora existe el protocolo Salva, el código Violeta que se activa por cada reporte de agresión de género e involucra a instituciones policiales como de asistencia social y de protección a los derechos humanos. Hoy hay todo un sistema que busca reducir la incidencia de casos y debe ser utilizado por aquellas víctimas calladas que sufren todos los días y no alcanzan a dimensionar el riesgo por la misma afectación emocional que generan los atacantes.

Para que no se repita la historia de Andrea Carolina se precisa de denuncia, no hay otro camino más seguro que el de las instituciones con todas sus debilidades, pero con un esquema de protección que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte y que está hecho para dar seguridad a las mujeres víctimas de violencia.