El ejemplo más claro de ello es el caso de Andrea Carolina en Guaymas, cuya imagen se convirtió en estandarte de las mujeres violentadas que guardan silencio con consecuencias trágicas, a ella la mataron el 18 de marzo de 2021 y hasta el viernes 4 de noviembre de 2022 se dictó fallo condenatorio en un sistema de justicia reformado hace seis años para evitar dilación, promover la pronta reparación de daño y evitar sentencias equivocadas para personas inocentes.

Nada de eso ocurre cuando un juez toma asuntos en los que pudiera haber otros intereses y no es por el famoso principio de presunción de inocencia por el cual ningún mexicano puede ser tratado como culpable o delincuente hasta que se demuestre su responsabilidad, no, el retraso y los obstáculos que enfrentan las víctimas es por ineficiencia de servidores públicos a veces de la fiscalía y casi siempre en el poder judicial que se vuelve dolorosamente lento para dolientes que esperan castigo contra quienes cegaron la vida de un ser querido.

Así fue con la familia de Andrea que vivió un viacrucis al ver como el único imputado por el asesinato de la trabajadora de la educación se valió de los beneficios del sistema para jugar con los tiempos legales, retrasar lo inevitable y prolongar una dura lucha que aún no termina.

Desde que se concluyó la etapa de investigación sin acuerdo entre las partes en octubre de 2021, el juez de la causa tuvo que programar fecha de juicio, pero se esperó, dio valor a todo recurso presentado por la parte acusada sin tomar en cuenta a la víctima hasta que la familia representada por la fiscalía elevó la voz y exigió sus derechos olvidados en medio de una serie de estrategias legales que enturbiaron un proceso de por sí complicado.

Fue entonces cuando en el caso hubo cambio de juez y con esa decisión se destrabó el caso lo que demuestra que hubo un mal criterio, por decir lo menos, en el desempeño del primer representante del poder judicial.

Ya con nuevo encargado, en dos semanas se logró un fallo condenatorio, Heriberto puede ser llamado culpable y recibirá una sentencia seguramente larga que no será suficiente para reparar el daño porque acabó con la vida de una mujer que creyó que un hombre violento puede cambiar por amor. Ahora, el sistema debe cambiar los mecanismos para ejercer la Ley sin miramientos y con un criterio de respeto y protección a las víctimas que merecen los beneficios de la justicia pronta y expedita.