La decisión es clara por parte de la regidora Rosy González y está directamente relacionada con las consecuencias que el proyecto del gobierno de Sonora traería en lo inmediato para el municipio al igual que ha sucedido en Guaymas.

Y el problema principal no son aquellos agentes que no acreditaron examen de confianza, ellos debieran salir de la corporación en lo inmediato y no son tantos como quienes no tienen certificado de educación media superior, esos si son más de cincuenta, hay quien dice que la cifra es superior a los 70 agentes, cantidad equivalente a más del 60 por ciento de la corporación.

De ese gran total, ya 40 terminaron sus estudios y tienen el certificado en trámite, falta otro grupo numeroso que tendría que estarse preparando para estudiar para reducir la presión que en estos momentos enfrenta el Ayuntamiento por parte de autoridades estatales para remover a elementos que no cumplen con lo dispuesto en la norma.

Porque es tanta la insistencia por el cese y tan delicadas las consecuencias que dos miembros de la comisión de honor, promoción y justicia prefirieron renunciar mientras la presidenta de ese órgano deliberativo busca mecanismos legales para que el mayor número de elementos esté en condiciones de acreditar el requisito de la preparatoria pero antes que todo ese proceso, se gestiona que se cumpla con el pago de ascensos y otros recursos que hay pendientes para varios miembros de seguridad pública, es decir, que la tropa se apure a limpiar su expediente y que el Ayuntamiento también haga un esfuerzo por sacar adelante lo que se debe.

En conclusión, el proyecto de la Secretaría de Seguridad tendrá que esperar en Empalme y no porque autoridades no quieran atender la iniciativa sino porque está muy cerca el ejemplo de Guaymas donde el trienio anterior se promovió el cese de agentes sin examen de confianza y es hora que no se resuelve las contrataciones de personal y la asignación de más miembros de la Marina para sustituir a quienes se fueron.

Primero lo primero, antes de desmantelar la corporación policial, las autoridades deben determinar quién va a cuidar al pueblo, quién va a hacer recorridos de vigilancia, deben tener dinero para contratar y dinero para despedir gente sin provocar demandas y, sobre todo, deben tener un proyecto claro de prevención del delito que no tenga como único propósito el de desaparecer a la policía municipal sino que busque fortalecer las instituciones que habrán de quedarse para resolver problemas de inseguridad, desde la milicia hasta la Guardia Nacional a fin de dar mejor atención a la ciudadanía con un trabajo coordinado, planeado y que de resultados.