Por años, un grupo que dijo ser de la etnia yaqui mantuvo tomado el tramo a la altura de Vícam para quebrantar derechos de transportistas, de paisanos, de mexicanos y extranjeros, de todo aquel que intentara cruzar por lo que dicen es tierra yaqui.

La zona se convirtió en terreno sin Ley, con constantes quejas, eventos violentos en los que resultaron personas lesionadas solo por negarse a pagar la cuota que impuso el grupo respaldado por autoridades tradicionales, sin que el gobierno interviniera salvo para hacer presencia cuando los ánimos se caldeaban porque hubo mucha gente valiente que defendió su derecho de libre tránsito.

Era tal el control de los miembros de la tribu que se llegó a perder la esperanza de cambio y ya existía cierta resignación al quebranto del estado de derecho en Vícam, Pótam y Oroz hasta que las autoridades de los tres niveles de Gobierno se decidieron a actuar en base a una carpeta de investigación abierta por la Fiscalía sonorense con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública.

Primero llegaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal para lograr la detención de una persona, razón por la cual un grupo de inconformes provocó un caos por el cierre de la carretera, lo que terminó en la detención de varias personas y todavía la gente de Vícam insistió en instalar su malafamado filtro de cobro, pero fue el último día.

El miércoles por la mañana por fin en un impresionante operativo policial, el gobierno liberó la carretera y detuvo a poco más de 20 personas que encabezaban el bloqueo para liberar ese tramo y devolverle la confianza a la gente. La acción de autoridad fue celebrada y reconocida por todos con mérito a un gobernador como Alfonso Durazo Montaño que antepuso la vía del diálogo y del apoyo social, buscó alternativas para un retiro pacífico hasta lograr una estrategia que se ejecutó con firmeza para hacer valer los derechos de sonorenses.