Solo así se entiende la facilidad de esas empresas para acceder a direcciones, teléfonos, descendencia, banco y hasta ingreso fijo de sus potenciales clientes justo cuando terminan el trámite de retiro.

Para probarlo hay historias escalofriantes de hostigamiento a nuevos pensionados que a veces antes de recibir el primer pago de retiro empiezan a recibir llamadas en la madrugada a su casa, mensajes en su teléfono particular, hasta visitas de supuestos asesores financieros que lo mismo tocan la puerta de domicilios que de familiares, vecinos, colegas y todo para ofrecer las bondades de créditos bajo un esquema peligroso para quien decide contraer el compromiso sin analizar tasa de interés, tiempos de pago, penalizaciones, cuota de amortización y todo detalle a valorarse antes de adquirir una deuda.

Nada de eso informan las voraces financieras que lucran con la ignorancia mezclada con necesidad para condenar a personas de la tercera edad a perder años de pensión con aguinaldos incluidos en una estrategia empresarial que puede tipificarse como usura con violaciones graves a los derechos humanos, a la Ley de Protección de Datos Personales y otras tantas normativas que no se aplican por desconocimiento de víctimas.

Sí, víctimas, eso son los ancianos que caen en el engaño de recibir dinero fácil y dejan hasta su salud en el intento por pagar. Los casos en Guaymas y Empalme ya se han hecho públicos, lo mismo que las formas legales para proteger patrimonio, pero faltaba una instancia que se erigiera como defensora de quienes tienen un problema económico y carecen de recursos para pagar abogados.

Fue el DIF Sonora quien salió al rescate de personas vulnerables para ofrecer servicios de la Procuraduría para la protección de adultos mayores, a través de asesoría jurídica útil para enfrentar mecanismos de cobranza terroristas e ilegales lo que representa una esperanza en medio de abusos y complicidades de personal del Seguro Social que no se tientan el corazón para facilitar datos de derechohabientes con todos los riesgos que ello implica.

Por eso, los procesos legales deben ir más allá de la defensa de abuelitos, las autoridades tienen que investigar a fondo cada caso hasta dar con los responsables de hacer mal uso de datos personales a fin de que reciban castigo ejemplar y se pueda dar seguridad a trabajadores y trabajadoras que se ganaron el derecho y merecen tener un retiro con seguridad patrimonial.