Para consolidar el proyecto de reordenamiento las autoridades requerirían de principio aplicar un criterio de honestidad, cero tolerancia y firmeza en sus decisiones porque al momento de flaquear habrán perdido la batalla contra empoderados concesionarios acostumbrados a imponer sus reglas bajo intereses particulares.

Así dejaron de operar rutas urbanas, ajustaron algunas suburbanas, sacaron camiones de sectores, modificaron horarios, todo a conveniencia y en el nombre de la crisis con la presión de aumento a la tarifa.

El argumento no es válido considerando que el servicio no es óptimo, pero para transportistas el único problema que conocen es el de ellos, sus pérdidas, su batalla por incremento a combustible, a diésel, la pandemia y otros inconvenientes que han afectado a su sector como a todos en el mundo, pero la reacción ante la adversidad ha sido distinta porque para empresarios esta etapa es de recuperación y resistencia.

No así para concesionarios cuyos adeudos en algunos casos no son nuevos como tampoco lo es la exigencia en el aumento a la tarifa, tema que no está a discusión cuando se trata de reordenamiento porque lo que busca el gobierno es regularizar para prestar un mejor servicio.

En ese proyecto el plazo venció el 31 de diciembre y al comenzar el año no todos han cumplido con el llamado de las autoridades, así que en teoría tendrían que llegar sanciones, un nuevo proceso para dar más tiempo o, en una decisión extrema, el retiro de concesiones.

Cualquiera que sea el camino del gobierno se va a entender solo si no permiten que el desorden siga y terminan cediendo ante el poder de un sector que en colusión con el viejo régimen olvidaron lo más importante en el servicio del transporte público: los usuarios.